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¿Cómo se construyeron los indicadores?

11/04/2018
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Indicadores Blog

Dos años atrás un grupo de jóvenes nos encontramos en Washington en el marco del Fellowship de Gobierno Abierto de las Américas, un programa que selecciona jóvenes agentes de cambio de la esfera pública, del sector privado y de la sociedad civil que generen propuestas innovadoras para abordar los actuales desafíos que enfrenta la región. Ese fue el punto de partida, y no imaginamos en ese momento lo que tendríamos por delante.

Como proponía el programa, el objetivo era diseñar proyectos que, incorporando los principios de gobierno abierto, atendieran a las grandes problemáticas de América Latina y el Caribe. Nosotros teníamos un objetivo claro: trabajar por el respeto de los derechos humanos. También sabíamos que nuestro “expertise” era la transparencia y los datos abiertos. Cada uno desde su lugar, sea en gobierno o en sociedad civil, era un activista de la apertura.

Nos preocupaba la situación de las personas privadas de libertad. Sabíamos que detrás del maltrato y de la violación de los derechos más básicos persistía la opacidad del sistema penitenciario, la caja negra del Estado. Y nuestra llave para abrirla fueron los estándares de transparencia. Así, la pregunta fundamental era: ¿cómo podemos mostrar que el acceso a la información y los datos son herramientas para incidir en el respeto de derechos de las personas en prisión?

Nuestro primer paso fue realizar un diagnóstico informado sobre las prisiones en América Latina y el Caribe, y sobre la situación de las personas privadas de libertad en nuestros países: Argentina, Brasil, El Salvador y Uruguay. Para ello, consultamos informes producidos por ministerios de justicia y órganos de control de prisiones, y reportes de organismos internacionales. También realizamos entrevistas a actores institucionales del ámbito de la justicia, del sistema penitenciario y de órganos de auditoría nacionales, a organizaciones de la sociedad civil que realizan acciones de incidencia en materia de derechos, y a periodistas que visibilizan las problemáticas vinculadas al sistema penitenciario. El diagnóstico era el mismo: hacinamiento, recrudecimiento de la violencia, degradación de las condiciones de vida, déficits de higiene, tortura psicológica, y más.

Entendimos que la problema de la vulneración de derechos no es un asunto aislado, sino que es indisociable de los altos índices de criminalidad en Latinoamérica y el consiguiente incremento en la población carcelaria. Las respuestas del Estado tradicionalmente se han enfocado en una visión punitiva (enfocada en el aprisionamiento de los criminales, en la expansión y profesionalización de sus fuerzas de seguridad y en la construcción de más cárceles) por sobre una reparativa, focalizada en la reinserción de los criminales. ¿Cómo puede la cárcel ser una lugar de rehabilitación y generar las condiciones para la reinserción en estos contextos de maltrato?

Aun así, la normativa internacional existía en defensa de los derechos en situaciones de confinamiento. Las Reglas Mandela fueron nuestro bastión para pensar en contraponer la teoría y la práctica, como también el Protocolo de Estambul (ONU, 2004) y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CIDH, 2006).

Por otro lado, notamos que en el campo de la transparencia penitenciaria tanto la oferta como la demanda de información se presenta de manera fragmentada y difusa: los órganos de control y agentes de la sociedad civil evalúan -en función de sus agendas- distintas dimensiones de la vida carcelaria pero no abordan la transparencia del sistema en su conjunto. Los agentes públicos tampoco tienen incentivos para dar a conocer el modo en que se rige el sistema penitenciario y cuál es la realidad carcelaria, por lo cual tanto el trato hacia los presos como la información que se brinda se maneja de modo discrecional, prevaleciendo la opacidad y el maltrato.

Nuestro proyecto, por tanto, buscaría sistematizar la demanda y orientar la oferta de información. Así nacieron los estándares de transparencia: indicadores aplicables en prisiones, de medición anual y comparativa, que analizan diferentes dimensiones relativas a la administración de los sistemas penitenciarios y las condiciones de vida en prisión. Al construir los estándares tomamos como referencia no sólo normativa internacional relacionada a derechos humanos, sino también marcos legales regionales y nacionales para el acceso a información pública, como la Ley Modelo de la OEA. Buscamos hacer preguntas cerradas, pues de ese modo sería más fácil procesarlas en una base de datos abierta y mostrar los resultados a través de visualizaciones individuales y comparativas.

Ante todo, nos propusimos desarrollar un marco general para luego analizar información específica vinculada a los derechos de las personas en privadas de libertad. Por ello, en primera instancia construimos indicadores para caracterizar cada prisión, aquellos que referimos como estándares de transparencia institucional: quién dirige el centro penitenciario y cuál es su remuneración, cuánto personal -tanto militar/policial como civil- trabaja allí, cómo es la estructura orgánica de la dirección del centro, qué capacidad tiene y cuántos/as reclusos/as aloja efectivamente, entre otras preguntas que planteamos.

Sobre esa base, nos propusimos avanzar en indicadores más directamente ligados al ejercicio de derechos, por ejemplo en el ámbito de la salud. Buscamos saber no sólo si existen programas específicos para tratamiento de VIH y drogodependencia, sino indagar también en qué insumos médicos y medicamentos que más adquiere cada prisión, cuáles son las atenciones médicas más brindadas, y cómo es la modalidad para que cada persona pueda tener acceso a la salud en términos generales, tanto fuera como dentro del centro penitenciario. La dimensión de salud es tan sólo un ejemplo de un campo ligado a derechos que buscamos relevar, que se irá complementando con dimensiones como educación, trabajo, entre otras.

Los estándares de transparencia devienen así una herramienta con la que aspiramos a facilitar información y fomentar un monitoreo social, pero en última instancia generar incidencia para que el acceso a la información sea amplio, y así promover la transparencia activa y la rendición de cuentas. Confiamos en que esta información es clave para generar sólidas y efectivas políticas de seguridad, como ante todo para garantizar el respeto de los derechos de las personas en prisión.

Diseño y Desarrollo Cafeína Digital Studio